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Ley antidesahucios sí, pero de verdad

@LuisMadrod.- El número de desahucios perpetrados en su mayoría por cajas de ahorros rescatadas con dinero público ha alcanzado los 350.000 y no ha parado de crecer. Un auténtico drama social en el que diariamente 500 familias contemplan cómo el banco les echa de sus casas dejándolas en la calle y en la miseria.

De todas las economías rescatadas de la Unión Europea, la española es la que más empleo destruye y la que a un ritmo mayor lo hace, por encima incluso que Grecia. Estas familias contrataron su hipoteca en circunstancias personales teóricamente favorables y ahora, tras pinchar la burbuja inmobiliaria, no sólo ven cómo se han quedado sin empleo, sino que son expulsadas de sus casas sin recibir ningún tipo de amparo asistencial paliativo por parte de los servicios sociales públicos. La legislación hipotecaria española incorporó en 1909 el cruel “Procedimiento de Ejecución Hipotecaria”, a través del cual el banco acreedor de la deuda no solamente expropia la vivienda a los dueños, sino que también mantiene la deuda pendiente de devolución, de modo que el desahuciado tiene que devolver, a causa de los “intereses de demora”, una cantidad superior a la que tenía en el momento de impagar las cuotas.

Ha sido tanta la presión popular en contra de los desahucios y a favor de la dación en pago con más de 600 mil firmas recogidas y multitud de stopdesahucios, que el gobierno ha tenido que apaciguar los ánimos. Bajo la atenta mirada del sector bancario, el equipo de Rajoy ha elaborado un Real Decreto-Ley tan descaradamente inútil que parece reírse de las víctimas de este drama social.

La intención declarada en esta Ley es “la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión”. El problema es que las víctimas que sufren los desahucios son muchas más que las que el gobierno considera como “en situación de especial riesgo de exclusión” y como ejemplo cabe mencionar que una familia con dos hijos menores de 4 y 6 años y con un subsidio por desempleo de 420 euros no cumpliría los requisitos necesarios y podría verse en la calle, arrastrando una deuda que los condenaría a la pobreza y a la marginación para el resto de sus vidas.

En definitiva, es una Ley hecha a la medida de los bancos, de manera que queda muy lejos de alcanzar las exigencias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en cuanto a dación en pago retroactiva, paralización inmediata de todos los desahucios y establecimiento de un parque de vivienda en régimen de alquiler social con las casas, propiedad de bancos y cajas, que permanecen vacías debido a la crisis.

Cuando el gobierno anteponga los intereses de las personas frente a los de los bancos y comprometa los beneficios de estos en favor de equilibrar el precio que la sociedad está pagando por culpa de la crisis que ellos mismos han generado, sólo entonces podremos decir que “se ve algo de luz al otro extremo del túnel”.

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