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España inclumple casi por completo el Pacto de Estado contra la Pobreza

La Coordinadora estatal de ONG denuncia la instrumentalización” de la ayuda oficial y el “riesgo” de que sea suplida por intereses empresariales

Fuente: publico.es

  • Los escasos recursos públicos de la Ayuda Oficial al Desarrollo se utilizan “mal” y de forma “incoherente”

  • “Hay riesgo de suplir la cooperación por intereses empresariales”, denuncian las ONG

Un sistema de tuberías instalado con fondos de cooperación española en El Salvador. EFE

La cooperación española no sólo tiene que hacer frente a uno de los recortes más drásticos de su historia (en 2013 se destinarán 1.389 millones de euros menos a la Ayuda Oficial al Desarrollo), sino que cada vez está más cerca de perder incluso su nombre.

Al tijeretazo que ha estrangulado la ayuda internacional se suma el incumplimiento “severo” de la práctica totalidad de los compromisos adquiridos por España en la lucha para erradicar la pobreza y la “preocupante” instrumentalización de la cooperación en favor de empresas con intereses comerciales.

Estas son dos de las principales denuncias presentadas por la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de España, que en un informe presentado hoy hace balance de los cinco años que han pasado desde que se aprobara el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito por todos los grupos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil en 2007 para establecer una política común de cooperación.

El informe constata que 30 de los 32 acuerdos firmados en el pacto no se han cumplido y que las decisiones políticas tomadas, sobre todo a partir de 2011, “demuestran que se ha actuado al margen del Parlamento”.

“Estamos asistiendo al cuasi desmantelamiento de esta política de cooperación, que fue fruto del consenso”, ha señalado Cecilia Carballo, miembro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, que ha subrayado que la situación no se debe únicamente a una falta de presupuesto, sino también a una “escasa voluntad política y el desprecio hacia los sectores más vulnerables”.

Por ejemplo, el informe denuncia la nula transparencia del actual Gobierno respecto a la información sobre los sectores y las zonas geográficas a las que han ido destinados los fondos públicos en 2012, mientras que entre 2008 y 2011 sí se hicieron públicos estos datos.

También evidencia la violación constante de la legislación, que a partir de 2010 reguló que la ayuda reembolsable, es decir, la que se otorga a través de préstamos blandos y que por lo tanto contribuye a aumentar la deuda externa de un país, no puede superar el 5%. Para 2013, sin embargo, un 18,8% del presupuesto se utilizará a través de esta vía.

Con unos recursos ya mermados de por sí, la Coordinadora concluye, además, que estos se utilizan “mal” y en muchas ocasiones de manera “incoherente” con las políticas que afectan al desarrollo de otros países.

“Hay compromisos en los que se podía avanzar incluso en tiempos de crisis. Esto exige un diálogo con la sociedad civil y con otros grupos parlamentarios, entender que estas políticas están por encima de los intereses partidistas y trabajar con la ciudadanía. Cosas que no están vinculadas con la dotación presupuestaria”, ha afirmado Carballo.

Al servicio de otros intereses

A todos estos factores que contribuyen a desdibujar el papel de la cooperación española, se une el peso que cada vez más están teniendo las coporaciones y los intereses comerciales en la aplicación de las políticas de ayuda.

Según cita el informe, en el Plan Director de 2013 a 2016, el documento por el que se regirán las actuaciones en cooperación al desarrollo durante los próximos tres años, se observa “el creciente papel de las empresas fundamentalmente españolas, sin que se establezcan mecanismos que aseguren su contribución al desarrollo”.

La Coordinadora advierte de que, paulatinamente, la cooperación deja de lado la lucha contra la pobreza para apostar por “potenciar” las relaciones con otros países para los intereses estratégicos de España.

“Hay riesgo de suplir la cooperación por intereses empresariales. Se dan muchas alianzas público-privadas que facilitan la entrada de entidades españolas en otros países, obviamente con intereses, y que luego, como en el caso de América Latina, explotan los derechos humanos”, denuncia Carballo.

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