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Las críticas de los ciudadanos no encuentran vehículo legal

No existe ningún mecanismo en el derecho español o europeo al que los ciudadanos puedan recurrir para detener las reformas impulsadas por el Gobierno con las que no están de acuerdo.

La Constitución cumple 34 años en medio de un clima de descontento social por algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno a raíz de la crisis económica. Con una reciente huelga general como telón de fondo, hoy se suceden manifestaciones en diferentes puntos de España para protestar contra decisiones como la privatización de la gestión de la Sanidad, el cierre de hospitales públicos o la nueva reforma educativa.

Pero no sólo los ministerios que dirigen José Ignacio Wert y Ana Mato han desatado la polémica en las calles. Las tasas a la Justicia impuestas por Alberto Ruiz-Gallardón tampoco han tenido buena acogida, ni el incremento de la presión fiscal a empresas y ciudadanos promovido por Cristóbal Montoro o la reforma laboral impulsada por Fátima Báñez.

Durante las últimas semanas, no faltan mensajes a través de redes sociales animando a formar cordones humanos para rodear los hospitales de Madrid, los mismos en los que sus empleados se han encerrado para intentar evitar un proceso de privatización y el cierre de alguno de ellos.

Mientras políticos, policía, sindicatos y manifestantes discuten por el número de asistentes a las protestas, los ajustes siguen su camino y se tramitan en el Parlamento, sin que los ciudadanos puedan hacer nada. “Un sistema democrático requiere de un número de años entre las elecciones para dar tiempo a que las medidas políticas surjan efecto”, explica Marie-José Garot, directora del Centro de Estudios Europeos de IE.

Mientras tanto, las opciones de los ciudadanos son limitadas porque este planteamiento está pensado porque es la población quien elige a sus políticos en función de su programa y promesas electorales. Y cuando hay dudas, existe la posibilidad de convocar un referéndum general. En España, sólo puede convocarlo legalmente el Estado, aunque no lo hace desde 2005 (sin contar las votaciones en Andalucía y Cataluña sobre los estatutos de autonomía) y fue para dar luz verde a la Constitución Europa.

Pero, ¿qué pasa cuando el sistema no funciona? Si hay un conflicto por un cambio normativo o una decisión administrativa, se puede poner en marcha una recogida de firmas con el objetivo de forzar un cambio. Sin embargo, esto no tiene ninguna utilidad legal si no se logra el apoyo de un político o de un partido que lo traslade al Parlamento.

Otra opción es acudir al Defensor del Pueblo, que puede utilizar su influencia para intervenir, aunque sus actuaciones no tiene ningún poder coercitivo. Sin embargo, este organismo, vinculado a las Cortes, está amparado por la Constitución, ya que su labor es velar los derechos que recoge la Carta Magna y tiene capacidad para recurrir al Tribunal Constitucional para defender una causa.

Aun así, la única herramienta legal para forzar un cambio es esperar a que las medidas con las que no se está de acuerdo sean aprobadas y entren en vigor. Entonces, cualquier persona física o jurídica puede acudir a un tribunal si considera que se vulneran sus derechos. En estos casos, hay que sopesar las consecuencias y los costes de iniciar una batalla legal que, generalmente, sólo está al alcance de grandes lobbies y organismos públicos.

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