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El PP ´cuela´ un cambio legal para poder expulsar a refugiados aunque tengan permiso de residencia

El Grupo Parlamentario Popular ha aprovechado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encuentra en tramitación para introducir una reforma en la Ley de Extranjería que permitiría al Estado expulsar a una persona a la que se haya reconocido protección internacional en la Unión Europea y cuente además, con un permiso de residencia de larga duración (el conocido anteriormente como indefinido).

Fuente: diarioprogresista.es

   Se trata de dos enmiendas al texto sobre el CGPJ a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que se plantean cambios sobre los permisos de larga duración (artículo 32) y sobre la política de expulsiones del territorio nacional (artículo 57) para introducir a los sujetos de protección internacional, que hasta ahora no figuraban de manera explícita en estos apartados de la norma.

   Sobre las expulsiones, la enmienda de los ´populares´ prevé la introducción de un nuevo apartado en el artículo 57 de la Ley de Extranjería, de modo que si el Gobierno decide expulsar a una persona que tiene permiso de larga duración en España y cuenta con protección internacional reconocida por otro Estado miembro, se le envíe a dicho Estado salvo que antes de un mes informe a España de que la protección que le habían dado ya no está en vigor.

   “Cuando, de acuerdo con la normativa vigente, España decida expulsar a un residente de larga duración que sea beneficiario de protección internacional reconocida por otro Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades españolas competentes en materia de extranjería solicitarán a las autoridades competentes de dicho Estado miembro si dicha condición de beneficiario de protección internacional continúa vigente”, explica el texto.

   Dicha solicitud “deberá ser respondida en el plazo de un mes, entendiéndose, en caso contrario, que la protección internacional sigue vigente”, reza la enmienda registrada en el Congreso por los ´populares´, para concretar que “si el residente de larga duración continúa siendo beneficiario de protección internacional, será expulsado hacia dicho Estado miembro”.

   Esta medida se aplicaría con reciprocidad, es decir, que una persona asilada por España que sea expulsada, por ejemplo, de Alemania, sería enviada directamente a territorio español salvo que el Ejecutivo comunicase a Berlín que el afectado ya no cuenta con la protección que se le había dado y lo hiciese antes de pasado un mes, conforme la propuesta del PP.

   Con todo, España se reservaría el derecho de expulsar a esta persona a un país distinto del que le concedió la protección internacional en dos casos: Si existen “motivos razonables para considerar que constituye un peligro para la seguridad de España o si habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para España”.

   En el caso de que esa protección internacional con la que cuenta la persona que se quiere expulsar hubiera sido reconocida por las autoridades españolas, “la expulsión sólo podrá efectuarse previa tramitación del procedimiento de revocación previsto en la normativa vigente en materia de protección internacional en España”, conforme propone el Grupo Popular.

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