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Los “jóvenes aventureros” perderán el derecho a la Sanidad en 90 días #MarcaEspaña

Fuente: periodismoalternativoblog.com

“Movilidad exterior” (De la Virgen del Rocio, un capote siempre llega)

Tal y como aparece publicado oficialmente en el BOE a fecha de 26 de diciembre de 2013 y mientras la mayoría de españoles disfrutaba de las fiestas de Navidad, dentro de la la ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el Partido Popular ha includio una enmienda que establece que las personas desempleadas sin derecho a prestación ni subsidio de desempleo perderán el derecho a la Sanidad Pública española si están 3 meses fuera del estado español.

Esta medida obligará a todos los que hayan abandonado el país en busca de mejor suerte a contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar directamente a la atención médica. También una vez retornen al país estarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo, ya que, una vez pasados 90 días desde su marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.

Tras estas enmiendas, aprobadas con la mayoría absoluta del PP, se darán de baja de la Seguridad Social cientos de miles de emigrantes españoles que han salido del país para encontrar un trabajo en el extranjero forzados por los altos niveles de desempleo, y cuando regresen (si es que lo hacen) se encontrarán con la necesidad de contratar un seguro médico privado.

El cambio hecho a la Ley 16/2003 de “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud” modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determinando que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la situación de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.

Es precisamente esta última frase referida a la residencia en el país la que afecta a los exiliados por motivos laborales, junto con la nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina la “pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social” y donde se indica que “el beneficiario de dichas prestaciones tiene residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.

Teniendo en cuenta la dinámica de emigración a otros países que lleva produciéndose desde el comienzo de la crisis y especialmente en los últimos dos años, el número de nuevos excluidos de la Seguridad Social podría ser de gran magnitud.

Solo el último año 600.000 personas han abandonado el país, entre ellas los “jóvenes aventureros”, como son considerados los exiliados por la ministra de Empleo Fátima Báñez;700.000 entre 2008 y 2012. Ahora, a las dificultades de la “aventura”, se suma también el riesgo a perder la sanidad pública en su país de origen. Una nueva traba para la juventud española forzada a la “Movilidad Exterior” por la difícil situación de crisis en España y las políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular.

Según Médicos del Mundo, ya antes de esta ley España excluía diariamente a casi 2.500 personas del sistema público de salud, cuando la excepción a recibir la prestación médica solo se aplicaba a inmigrantes de otros países en España. Ahora, con esta nueva medida, el sistema público dejará de proteger también a los expatriados aun cuando vuelvan a España si han pasado más de tres meses desde su marcha.

BOE a fecha de 26 de diciembre de 2013 SANIDAD

Un ciudadano español podrá quedarse sin derecho a atención sanitaria si es parado de larga duración, ha agotado el subsidio de desempleo u otras prestaciones similares y pasa más de tres meses fuera de España en un año. El Partido Popular ha introducido este cambio en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 que ya ha sido aprobado en el Senado y en breve recibirá la luz verde en el Congreso. Dos enmiendas presentadas durante la tramitación han modificado sendas leyes —una de Sanidad y otra de Seguridad Social— para que las personas con estas características queden fuera de la prestación sanitaria.

El portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno, confirma la exclusión, pero le resta importancia: asegura que el derecho a la asistencia sanitaria se recuperará “nada más llegar a España” de vuelta. “Si pasas más de 90 días fuera del país, dejas de ser residente español y te conviertes en residente de otro país, que es el que debe cubrir la asistencia sanitaria en lugar de que lo haga España con cargo a sus impuestos”, precisa. Se trata, según explica, de evitar que una persona que lleve dos años viviendo, por ejemplo, en Alemania, sea tratado allí con una tarjeta europea en base a la española, porque eso significa que se financia con cargo al presupuesto español.

La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y añade un supuesto en el apartado 2 del artículo 3, el que define quién ostenta la condición de asegurado: “Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”. Este último punto, la necesidad de residir en España, es el que queda definido en la otra enmienda: si se pasan más de 90 días fuera se considera que ya no se reside en el país.

La plataforma YoSíSanidadUniversal también ha criticado esta medida. “Confirma, una vez más, lo que ya denunciamos hace un año: que el decreto 16/2012 eliminó el derecho a la atención sanitaria universal y que no se hizo para ahorrar, sino para cambiar el modelo. Ya estamos viendo sus consecuencias: cada vez hay más sectores excluidos del acceso a la salud. Si seguimos así acabaremos como Grecia, donde si no has cotizado en el año anterior no tienes derecho”, afirma Alejandra Calvo, integrante de este colectivo. “Teniendo en cuenta el número de parados que hay en España y que la emigración económica forzada es una de las salidas, un amplio sector de la población, sobre todo joven, puede verse afectado. Si vuelves a los 90 días porque tu proyecto ha fracasado estarás sin prestación”, añade.

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