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Análisis político del TTIP como proceso de institucionalización

No podemos abordar el significado político del TTIP sin referenciar aunque sea de forma muy breve el contexto y los antecedentes históricos en los que este se produce.  Los distintos procesos de reinstitucionalización que de forma periódica se han venido produciendo tanto a nivel nacional como supranacional en el entorno de la globalización, obedecen a la necesidad de adecuación de las distintas formas de dominación ejercidas a cuenta del capital.

TLCarton7333Los Tratados de Libre Comercio como procesos de reinstitucionalización que permiten dar una vuelta de tuerca más en el proceso de imposición de un nuevo orden social tienen como finalidad el delimitar el avance de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que la población haya podido alcanzar, tanto a través de instrumentos jurídicos como reflejados en mayor o menor medida en las respectivas constituciones políticas y su respectivo derecho constitucional. Si bien  estos derechos (DESC) respecto a los derechos  civiles y políticos (DCP) se encuentran mucho menos desarrollados respecto a su justiciabilidad, o sea respecto a la posibilidad de hacerlos exigibles ante los tribunales de justicia,  existía una clara tendencia a la creación de mecanismos que permitieran garantizarlos en algunos aspectos específicos. En nuestro país los Derechos económicos y sociales tienen una débil protección en la constitución, en especial porque el recurso de protección solamente está contemplado para algunos  Derechos Civiles y Políticos (DEP), quedando mucho por avanzar en la creación de instrumentos jurídicos que permitan hacerlos exigibles ante los tribunales de justicia.

tlc_peligroLos Tratados de Libre Comercio se ha demostrado que tienen un efecto negativo en el bienestar de la población producido por los efectos económicos que tienen estos tratados, pero lo determinante es el efecto que tienen las normativas reguladas en su texto de forma directa e indirecta sobre las políticas públicas relativas a los derechos económicos,  sociales y culturales, tanto en los ámbitos laborales como medioambientales.  La experiencia demuestra que las normas de protección de las inversiones estipuladas en los TLC’s constituyen cuando menos una limitación al avance de las políticas públicas en materias sociales, cuando no cercenan las ya escasas existente. Lo que nos presentan como  normas de protección a las inversiones no son más que una limitación a las políticas públicas de los gobiernos nacionales, que van en detrimento de los intereses generales de la población en pos de los beneficios económicos de las grandes empresas, tal y como quedo de manifiesto en el AMI y otros muchos tratados bilaterales como por ejemplo el suscrito por Chile con Canadá y Estados Unidos.

Sigue aquí la lectura …

Miguel Ángel Rubio Collar
Escuela Política la Guillotina. Aportación al debate sobre TTIP

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